Araujo et al. / Subsidios energéticos y comportamiento de consumo urbano en Ecuador
la sensibilidad estructural del modelo frente a variaciones
tarifarias.
Una vez obtenidas las segmentaciones por escenario,
se construyen matrices de distribución que permiten
comparar la composición de los clústeres en cada caso.
Finalmente, se aplica una prueba de Chi-cuadrado para
tablas de contingencia, con el objetivo de evaluar si las
diferencias observadas entre escenarios son
estadísticamente significativas. Esta prueba permite
determinar si los ajustes tarifarios generan
redistribuciones relevantes en la segmentación, o si, por
el contrario, el modelo refleja perfiles estructurales
resistentes a cambios coyunturales.
En esta etapa, se comparan los tres tipos de hogares
(HT1, HT2, HT3) a través de los seis escenarios
tarifarios, evaluando la sensibilidad de la segmentación
frente a variaciones en los precios del GLP y la gasolina.
Además, se refuerza el análisis mediante comparaciones
específicas entre el Escenario 1 y los cinco escenarios
restantes, lo que permite identificar posibles desviaciones
puntuales en la distribución por clúster
La consistencia de los resultados —tanto en el
modelo completo de 16 variables como en el simplificado
de 7 variables— sugiere que los perfiles energéticos
definidos por el modelo presentan una alta estabilidad
estructural. Esta evidencia estadística constituye una base
sólida para el diseño de estrategias de focalización
tarifaria y protección social, orientadas a mitigar
impactos distributivos sin comprometer la equidad
energética ni la sostenibilidad fiscal.
3. RESULTADOS
3.1 Subsidios Energéticos y Estructura de
Demanda en Ecuador
La política de subsidios energéticos en Ecuador ha
configurado una matriz de consumo distorsionada, donde
los precios subsidiados han incentivado el uso intensivo
de combustibles fósiles y electricidad en sectores clave.
Este apartado presenta una visión integrada de la
demanda energética nacional, desagregada por sectores y
tipos de energía, con énfasis en los efectos económicos y
estructurales de los subsidios vigentes.
El sector residencial representa el 13,20% de la
demanda energética nacional [3] y concentra el 88,00%
de los usuarios del sistema eléctrico [8]. Los hogares
urbanos consumen principalmente gas licuado de
petróleo (GLP) y electricidad, con una marcada
dependencia del primero para cocinar: aproximadamente
85,00% de los hogares utilizan cilindros de 15 kg,
ofrecidos a un precio fijo de $1,60, mientras que su costo
real se estima en $15,00 [9], [10]. Esta diferencia ha
generado una alta dependencia del GLP y ha dificultado
la adopción de tecnologías más limpias, como las cocinas
de inducción.
En cuanto a la electricidad, el gobierno ecuatoriano
introdujo en julio de 2007 la denominada “tarifa de
dignidad”, fijada en $0,04 por kWh para clientes
residenciales de bajo consumo, como parte de un
esquema de subsidio cruzado. Aunque esta medida
buscaba aliviar el gasto energético de los hogares más
vulnerables, los costos reales de generación y
distribución han permanecido elevados. En 2022, el
precio promedio alcanzó $0,0929 por kWh (Ministry of
Energy and Mines, 2022), y estudios especializados
estiman que el costo real podría oscilar entre $0,14 y
$0,16 por kWh [11].
El sector transporte constituye el principal
consumidor de derivados del petróleo en Ecuador, con
una participación superior al 40,00% en la demanda
energética nacional [3]. Esta alta dependencia se refleja
en las cifras de importación de combustibles: en 2021, el
país adquirió 56,898 mil barriles de derivados,
distribuidos en 41,80% diésel, 31,50% gasolina y 22,50%
GLP [12]. Los precios subsidiados han sido un factor
determinante en el sostenimiento de esta demanda. Por
ejemplo, en 2016, el precio por litro de gasolina en
Ecuador era de $0,61, mientras que en países vecinos
como Colombia y Perú alcanzaba $0,68 y $0,99,
respectivamente; en el caso del diésel, el precio local era
de $0,29/litro, frente a $0,64/litro en Colombia y
$0,88/litro en Perú [13]. Para corregir estas distorsiones,
el Estado ecuatoriano ha iniciado reformas graduales. El
Decreto Ejecutivo 619, emitido el 26 de diciembre de
2018, liberalizó el precio de la gasolina súper,
permitiendo su ajuste según el valor de mercado [14].
Posteriormente, el Decreto Ejecutivo 1054, del 19 de
mayo de 2020, estableció un sistema de comercialización
mensual para los combustibles, con bandas de
fluctuación de precios controladas por el gobierno,
aplicables a la gasolina extra y al diésel [15]. Estas
medidas buscan garantizar cierta estabilidad mientras se
avanza hacia una liberalización progresiva.
Aunque menos beneficiados por subsidios directos,
los sectores industrial y comercial presentan distorsiones
tarifarias que afectan su competitividad y eficiencia
energética. El sector industrial representa apenas el
2,00% de los usuarios eléctricos, pero consume
aproximadamente el 20,00–22,00% de la demanda
energética nacional, debido al uso intensivo de energía en
procesos térmicos, productivos y de transformación [3],
[8]. Este sector accede a tarifas diferenciadas según la
potencia contratada y el horario de consumo, lo que
genera incentivos específicos pero también
desigualdades frente a otros sectores.
El sector comercial, que agrupa al 10,00% de los
usuarios eléctricos, representa entre el 8,00-10,00% del
consumo energético nacional [3], [8], utilizando energía
principalmente para iluminación, climatización,
refrigeración y operación de equipos electrónicos.
Aunque no recibe subsidios directos como el residencial,
se ve afectado por la estructura tarifaria heredada, que no