Responsabilidad Socio - Ambiental en Proyectos Hidroeléctricos: El Caso Río Zamora – Santiago

Responsabilidad Socio - Ambiental en Proyectos Hidroeléctricos: El Caso Río Zamora – Santiago

CELEC EP-HIDROPAUTE, opera las centrales hidroeléctricas Mazar (170 MW), Molino (1075 MW), supervisa la construcción del proyecto Sopladora (487 MW) y administra la ejecución de los estudios Cardenillo (593 MW) y Río ZamoraSantiago (>5500 MW prefactibilidad).

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable-MEER, establece como política que los proyectos de generación eléctrica deberán impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades vecinas, asegurando la calidad, seguridad, gestión ambiental y responsabilidad social.

Durante los estudios del Proyecto Hidroeléctrico Río Zamora-Santiago (PHRZS), se identificaron 94 comunidades donde se aplicaron encuestas, asambleas, visitas domiciliarias y entrevistas, lo que permitió el contacto con líderes comunitarios y la población en general para informar y recibir sus expectativas.

La mayor expectativa que genera un proyecto de este tipo tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Se determinó que el 42% de la población tiene como prioridad el desarrollo de servicios básicos, entre los cuales destaca el servicio de energía eléctrica.

La Gestión Socio-ambiental de HIDROPAUTE, considera la implementación de proyectos de desarrollo territorial, tales como agua potable, alcantarillado y electrificación. Para el caso del PHRZS se ha contemplado la ejecución de proyectos de electrificación rural y alumbrado público, a través de convenios con la empresa distribuidora, CENTROSUR.

Hasta julio de 2013 se incorporan 205 nuevos clientes, 820 beneficiarios. Se tiene previsto una segunda etapa que incluyen 120 nuevos clientes y alrededor de 500 beneficiarios.

Los proyectos de generación eléctrica, si bien pueden cumplir la normativa vigente, no garantizan un adecuado desarrollo de los territorios donde éstos se asientan, mientras que las comunidades exigen mejoras en su nivel de vida. Ello demanda acciones públicas, con un enfoque intersectorial, que trasciende la responsabilidad de “construir un proyecto” y lleva a los promotores a involucrarse en procesos de desarrollo a través de la prestación de servicios básicos.