Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Financiera de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva del Ecuador: Caso Empresa Coordinadora de Empresas Públicas

Resumen

Mediante la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, expedida en octubre de 2009 y reformada en octubre de 2011; el Estado ecuatoriano posee en la actualidad 23 empresas públicas (EP) en sectores como electricidad, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, medios de comunicación, transporte; entre otros.

Las EP’s permiten al Estado la gestión de sectores definidos como estratégicos, a través de la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento de recursos naturales o de bienes públicos.

La creación individual de las EP’s; si bien ha permitido la incursión y desarrollo del sector de acuerdo con su giro de negocio de cada empresa, también se han constituido como instrumentos de aplicación de la política pública y como reguladores de mercado. Más; está individualidad ha traído complicaciones en la gestión administrativa y económica de las empresas, debido a que las mismas carecen de planes estratégicos alineados a las políticas nacionales, agendas intersectoriales y agendas sectoriales, desarrollo organizacional y gestión financiera.

Dado esta problemática y debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un mundo cambiante, los entes públicos deben incorporar nuevas herramientas administrativas y financieras que le permitan hacer uso efectivo de los recursos propios o asignados.

Mediante estas herramientas fomentar la coordinación, articulación y planificación de las actividades de las empresas públicas de la función ejecutiva, para mejorar su eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y financiera, bajo principios de complementariedad y sustentabilidad económica y financiera.

Todo esto se busca alcanzar a través de la creación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas de la función ejecutiva; la misma que busca como objetivo fundamental obtener el mayor rendimiento de las operaciones con un uso adecuado de los recursos disponibles asignados a las empresas públicas. Así como, establecer controles y evaluaciones de los distintos procedimientos con la finalidad de plantear una efectiva toma de decisiones.